Una reciente revelación periodística en Colombia, que apunta a una grave infiltración de las disidencias de las antiguas FARC en organismos de seguridad del Estado, incluyendo el Ejército y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), ha generado una fuerte condena en el país.
El informe de Noticias Caracol detalla presuntos vínculos entre el jefe del Comando de Personal del Ejército, general Juan Miguel Huertas (cercano al presidente) y Wilmar Mejía (funcionario de la DNI), con el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), una de las disidencias de las FARC.
El reportaje se basa en comunicaciones incautadas el 23 de julio de 2024 a jefes disidentes, donde se hallaron intercambios entre el líder del EMBF, Alexander Díaz, alias Calarcá, y otros guerrilleros.
Según la denuncia, el general Huertas supuestamente ofreció protección a los disidentes y les propuso la creación de una empresa de seguridad fachada para facilitarles el uso de vehículos blindados y porte de armas legales. Huertas había sido retirado del Ejército en 2021, trabajó en la campaña presidencial de Petro y fue reintegrado al servicio activo este año.
El presidente Gustavo Petro guardó silencio durante gran parte del lunes, pero finalmente minimizó las denuncias en su cuenta de X, tachándolas de «falsos informes» y «versiones de supuestos informes de inteligencia».
Petro sugirió que la fuente de la información es la CIA, a la que acusó de tener la costumbre de «tender redes para afectar a la opinión pública de acuerdo con los intereses del gobierno de su país en todo el mundo». El mandatario afirmó que existen «bandas delincuenciales en el Ejército dirigidas por oficiales de alto rango» que manipulan informes para «sacar del camino» a quienes representan un riesgo, e insistió en que la CIA «también cae en esos errores» al desconocer que el gran narcotráfico «penetra el poder político de la nación».
La representante a la Cámara Cathy Juvinao (Alianza Verde) criticó duramente la respuesta del presidente: «Petro salió con la peor respuesta posible: negarlo todo. En lugar de ponerse del lado de las denuncias y las pruebas… nos dice ‘es falso, nos persiguen porque somos buenos’».
Aunque la Fiscalía General de la Nación ha sido criticada por no actuar en los 16 meses en que tuvo la información en su poder, prometió intervenir. En un comunicado, la entidad señaló que ni el despacho de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, ni ninguna otra dependencia habían recibido reportes de la información incautada.
La fiscal Camargo «dispuso la intervención inmediata» para investigar la posible cooptación de agentes de inteligencia e integrantes del Ejército por parte de las disidencias de las FARC. La investigación abarcará también amenazas a la seguridad nacional, presunta financiación de la campaña presidencial, alianzas entre actores ilegales y la creación de empresas de vigilancia al servicio de estructuras criminales.
Noticias Caracol también reveló un chat entre «Iván Mordisco» (jefe del Estado Mayor Central, EMC) y otros guerrilleros, que sugeriría un presunto apoyo de disidentes a la campaña presidencial de Petro en 2022 a través de la hoy vicepresidenta Francia Márquez. Márquez negó «categóricamente» esa versión y aseguró que «no existe ninguna prueba fehaciente».
La clase política colombiana ha exigido claridad; el exjefe negociador de paz Humberto de la Calle pidió «toda la claridad y transparencia y la toma de decisiones eficaces para extirpar esa situación».
El exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón afirmó que la relación entre Petro, las disidencias de las FARC y el ELN «es evidente». Por su parte, el excandidato presidencial Roy Barreras sostuvo que «todo el que reciba dineros del narcotráfico es cómplice de sus crímenes y como tal debe ser tratado».
