El magistrado del Tribunal Supremo de Brasil, Alexandre de Moraes, dictó este jueves una orden para el traslado inmediato del expresidente Jair Bolsonaro desde la sede de la Policía Federal hacia el complejo penitenciario de Papuda, en las afueras de Brasilia. Bolsonaro, quien gobernó entre 2019 y 2023, debe cumplir una condena de 27 años de prisión tras ser hallado culpable de intento de golpe de Estado. Esta medida marca una nueva etapa en el cumplimiento de su pena, trasladándolo a un centro de régimen cerrado de mayor seguridad.
Junto con el traslado, De Moraes dispuso la creación de una junta médica oficial integrada por profesionales de la Policía Federal. Este equipo tendrá un plazo de diez días para evaluar el estado clínico del exmandatario y determinar si las condiciones de la cárcel de Papuda son adecuadas para sus necesidades de salud o si requiere ser ingresado en un hospital penitenciario. Tanto la defensa como la Fiscalía cuentan con 24 horas para formular preguntas técnicas a esta junta y designar a sus propios asistentes médicos para el proceso de evaluación.
«La decisión busca garantizar el cumplimiento de la condena sin descuidar el derecho a la asistencia médica integral del recluso.»
La resolución judicial también contempla protocolos específicos para la custodia y bienestar físico de Bolsonaro. El magistrado autorizó asistencia médica las 24 horas del día, permitiendo la intervención de médicos privados previamente colegiados sin que se requiera una notificación judicial previa para cada atención. Asimismo, se facultó el traslado inmediato a centros hospitalarios en caso de emergencias médicas, con la única condición de informar al Supremo Tribunal Federal en un periodo máximo de 24 horas tras el evento.
Este movimiento judicial ocurre tras la negativa de la Corte Suprema a las peticiones de prisión domiciliaria presentadas por los abogados de Bolsonaro. El traslado a Papuda refuerza la firmeza del Poder Judicial brasileño frente a los eventos que amenazaron la estabilidad democrática del país, asegurando que el proceso de reclusión se lleve a cabo bajo los estándares de seguridad y vigilancia que exige una condena de esta magnitud por delitos contra el Estado. (NP-Gemini-Bio Bio-EFE)
