La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó el pasado martes una reforma constitucional impulsada por el presidente Nayib Bukele para establecer la cadena perpetua en el país. La medida, que modifica el artículo 27 de la Carta Magna, se aplicará exclusivamente a condenados por homicidio, violación y terrorismo. Con 59 votos a favor, provenientes principalmente del oficialismo y sus aliados, la iniciativa avanzó sin debate previo, restando solo la ratificación final para que la pena de prisión de por vida entre en vigencia.
Anteriormente, la legislación salvadoreña fijaba un tope máximo de 60 años de cárcel, bajo la premisa de que el sistema penitenciario debía enfocarse en la readaptación y educación de los internos. Sin embargo, la nueva normativa endurece la estrategia de seguridad estatal, eliminando las restricciones que prohibían las penas de carácter perpetuo. La reforma mantiene, no obstante, la prohibición de torturas, penas infamantes y prisión por deudas.
ACUSACIONES INTERNACIONALES Y RESPUESTA DE BUKELE
La aprobación de esta medida coincide con la publicación de un informe de expertos internacionales que acusan al gobierno de Bukele de cometer crímenes de lesa humanidad. El documento detalla presuntos abusos como torturas, desapariciones forzadas y encarcelamiento de menores durante el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022. Estas conclusiones serán presentadas ante la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, Suiza, para su evaluación formal.
Por su parte, el presidente salvadoreño rechazó tajantemente las acusaciones a través de sus redes sociales, calificando a los organismos internacionales como “bufetes legales del crimen”. Bukele aseguró que estas organizaciones buscan la liberación de pandilleros y el caos en la región, reafirmando que su administración no retrocederá en su política de seguridad. El mandatario insistió en que su prioridad es mantener el orden interno frente a las críticas de entidades extranjeras. (NP-Gemini-La Tercera-Agencias)
