El presidente de Colombia, Gustavo Petro, realizó un llamado a la ciudadanía para movilizarse en las plazas públicas el próximo jueves, en defensa del denominado “salario mínimo vital”. La convocatoria surge como respuesta directa a la decisión del Consejo de Estado, que el pasado viernes suspendió de forma provisional el decreto gubernamental que establecía un incremento del 23,7 % en el sueldo básico para el año 2026. El mandatario anunció que ampliará los detalles de esta acción en una cadena nacional programada para las 19:00 horas locales.+1
La resolución judicial obliga al Ejecutivo a expedir una norma transitoria mientras el tribunal delibera sobre el fondo de la controversia. Ante este escenario, Petro manifestó que el Gobierno cuenta con fundamentos técnicos, económicos y constitucionales suficientes para sostener el aumento, el cual fijaba el salario mínimo en dos millones de pesos colombianos. El jefe de Estado espera que la reunión de concertación convocada para este lunes arroje resultados positivos que permitan destrabar la implementación del nuevo decreto.
La medida del Ejecutivo, que según cifras oficiales beneficia a más de 2,3 millones de trabajadores, ha enfrentado una fuerte resistencia por parte de los gremios empresariales. Los sectores productivos advierten que un incremento de tal magnitud podría presionar al alza la inflación y afectar negativamente la generación de empleo formal en el país. Sin embargo, desde la administración de Petro argumentan que el ajuste es necesario para corregir el rezago histórico entre el salario real y la productividad laboral.
El mandatario ha utilizado sus canales oficiales para enfatizar que la lucha por el salario mínimo es una cuestión de justicia social y derechos fundamentales. Al convocar a las calles, el Gobierno busca presionar políticamente ante lo que considera un obstáculo judicial a sus políticas de redistribución. Esta movilización se perfila como un nuevo punto de fricción entre el poder ejecutivo y el judicial, en un contexto de alta polarización política respecto al manejo económico de la nación.
La situación se mantiene en desarrollo a la espera de las definiciones que surjan de la mesa de concertación y de la respuesta ciudadana al llamado presidencial. El desenlace de esta pugna será determinante para la estabilidad del mercado laboral colombiano en 2026 y para la viabilidad de las reformas sociales que impulsa la administración de Petro. Por ahora, el país se prepara para una jornada de protestas que pondrá a prueba el respaldo popular a la gestión del líder del Pacto Histórico. (NP-Gemini-Bio Bio EFE)
