El Gobierno de Israel aprobó este domingo una medida que autoriza la reapertura del proceso de registro de tierras en Cisjordania, permitiendo al Estado inscribir de forma vinculante y definitiva terrenos en este territorio ocupado desde 1967. El ministro de Justicia, Yaariv Levin, calificó la resolución como una “verdadera revolución” que busca fortalecer el control israelí sobre lo que denominan Judea y Samaria. La iniciativa, impulsada también por las carteras de Defensa y Finanzas, dota de presupuesto y equipos a las autoridades para avanzar en la titularidad estatal de extensas áreas en la zona.
La medida se aplicará específicamente en el Área C de Cisjordania, zona que representa el 60% del enclave y que actualmente se encuentra bajo control administrativo y militar israelí. El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, celebró la decisión asegurando que se está restaurando el orden y la gobernanza en la gestión de tierras por primera vez en décadas. Por su parte, el titular de Defensa, Israel Katz, defendió la acción como un movimiento jurídico y de seguridad esencial para garantizar la libertad de acción del Estado y salvaguardar intereses nacionales en el territorio.
Organizaciones no gubernamentales han expresado su preocupación por las implicancias legales y humanitarias de este proceso. La ONG Yesh Din explicó que la regularización de la titularidad crea derechos absolutos a perpetuidad, un acto que consideran impropio de un régimen de ocupación que debería ser temporal según el derecho internacional. En tanto, Peace Now advirtió que la medida podría generar un despojo masivo de tierras palestinas y advirtió que la inscripción de estos terrenos a nombre de Israel dificultará cualquier futura solución política basada en la coexistencia de dos Estados.
La Autoridad Nacional Palestina (ANP) condenó enérgicamente la resolución, describiéndola como una anexión “de facto” del territorio ocupado. Desde la presidencia de Mahmud Abás se señaló que esta acción viola la Resolución 2334 del Consejo de Seguridad de la ONU, la cual declara ilegales los asentamientos en zonas palestinas. La ANP hizo un llamado urgente a la comunidad internacional y al Gobierno de Estados Unidos para intervenir y obligar a Israel a cumplir con el derecho internacional, reafirmando que Cisjordania y Gaza siguen siendo territorios ocupados independientemente de estas medidas unilaterales.
Finalmente, el grupo islamista Hamás se sumó a las críticas, calificando la decisión de “nula” y acusando a la autoridad israelí de intentar imponer prácticas colonialistas por la fuerza. La reapertura del registro de tierras marca un punto de inflexión en la gestión del territorio, reactivando procedimientos que habían sido suspendidos por órdenes militares tras la Guerra de los Seis Días. El clima de tensión en la región se intensifica ante lo que los actores palestinos consideran una consolidación definitiva de la ocupación mediante mecanismos administrativos irreversibles. (NP-Gemini-EFE-Cooperativa)
