La mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, decretó este domingo la supresión y liquidación de siete organismos estatales, varios de los cuales fueron piezas clave durante la administración de Nicolás Maduro. La medida, oficializada mediante la Gaceta Oficial, busca reorganizar la estructura del Ministerio del Despacho de la Presidencia bajo el argumento de adaptar el Ejecutivo a “nuevas directrices y políticas de orden social”. Este movimiento ocurre en un contexto de profunda reconfiguración del poder tras la captura y detención de Maduro en Estados Unidos a principios de año.
Entre las instituciones eliminadas destaca el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (CESPPA), organismo creado en 2013 con la función de evaluar información sobre presuntas actividades enemigas internas y externas. Asimismo, el decreto afecta a fundaciones emblemáticas del madurismo como la Misión Jóvenes de la Patria Robert Serra y el Movimiento Bolivariano Revolucionario de la Reserva Activa. También se incluyeron entidades de la era de Hugo Chávez, como la Fundación Propatria 2000 y la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales.
El proceso de liquidación, que estará a cargo de una junta especializada, tendrá una duración de noventa días. Como parte de esta reestructuración, Rodríguez transfirió las competencias de la misión Nueva Frontera de Paz al Ministerio de Relaciones Exteriores, con el fin de mantener las operaciones de vigilancia contra el narcotráfico y el paramilitarismo en las zonas limítrofes. Estos cambios se suman a una serie de reformas previas que incluyen la modificación de leyes petroleras y el nombramiento de nuevos cuadros de confianza en áreas estratégicas de seguridad.
Desde la oposición, el partido Primero Justicia calificó la acción como un “desmantelamiento del chavismo en manos del chavismo”. A través de un comunicado, la colectividad advirtió que estos cierres no deben interpretarse meramente como un gesto de reconciliación con el país, sino que deben ser transparentados en cada etapa del proceso. La exigencia de la oposición radica en conocer el destino de los recursos y la información que manejaban estos entes, especialmente aquellos vinculados a la inteligencia y el control social.
Esta decisión consolida el giro político que ha liderado Delcy Rodríguez desde que asumió el mando interino, distanciándose de estructuras operativas que definieron la última década del gobierno de Maduro. La reorganización ministerial parece apuntar a una centralización del poder bajo nuevos parámetros, mientras el país observa con atención el impacto que estas medidas tendrán en la burocracia estatal y en la estabilidad de las facciones oficialistas que aún permanecen en el aparato público. (NP-Gemini-Bio Bio EFE)
