La relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos atraviesa un momento de alta tensión tras el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, de poner fin a la ayuda financiera al país sudamericano. Trump acusó el pasado domingo al presidente colombiano, Gustavo Petro, de ser un «líder del narcotráfico» y de «fomentar» la producción de drogas.
Petro, por su parte, negó las acusaciones, redobló sus críticas contra el presidente de EE. UU. –a quien calificó de «grosero e ignorante con Colombia»–, denunció una «amenaza de invasión» por parte de Estados Unidos y llamó a consultas a su embajador en Washington. Si bien un asesor económico de Trump afirmó que por ahora no se prevé un aumento de aranceles, la amenaza de retiro de apoyo financiero, que ya fue precedida en septiembre por la retirada de Colombia de la lista de países que luchan contra el narcotráfico, ha generado honda preocupación.
RIESGO PARA LA SEGURIDAD
Expertos coinciden en que la materialización de las amenazas de Trump asestaría un «golpe muy duro para Colombia», especialmente en la cooperación de seguridad. Elizabeth Dickinson, analista del International Crisis Group (ICG), subraya que se vería afectada una relación de más de tres décadas de colaboración en el combate contra el crimen organizado a nivel policial, militar, de inteligencia y judicial.
Viviana García Pinzón, experta en seguridad, recordó que la dependencia de Estados Unidos, como principal socio comercial de Colombia, involucra también la seguridad, la ayuda humanitaria y el desarrollo. Además, el economista Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de FEDESARROLLO, advirtió que la pérdida de estos recursos afectaría programas esenciales de erradicación, desarrollo rural y fortalecimiento de la justicia, lo que podría «ralentizar proyectos de desarrollo y agravar la incertidumbre económica y diplomática».
TERRENO FÉRTIL PARA EL CRIMEN ORGANIZADO
El consenso de los analistas apunta a que anular el apoyo financiero sería un «autogol para Estados Unidos», pues debilitaría la capacidad del Estado colombiano para mantener presencia en los territorios más afectados por el conflicto y el narcotráfico. Según Mejía, esto generaría «vacíos de poder que podrían ser aprovechados por grupos criminales», beneficiando al crimen organizado al reducir la capacidad operativa para enfrentarlo.
El politólogo Víctor Mijares alerta que las relaciones tensas con Estados Unidos e Israel, principales proveedores de armas y aliados en seguridad de Colombia, afectarían el funcionamiento de equipamiento militar en un contexto interno de múltiples conflictos. García Pinzón concluye que estas decisiones «fortalecerían ese terreno fértil para el crimen organizado, para las economías ilegales y las economías de guerra».
PUGNA POLÍTICA Y ELECTORAL
Los expertos señalan que esta escalada diplomática está siendo utilizada por ambos líderes con fines políticos. Por un lado, Mijares sugiere que Petro tendría un «interés por convertir esta situación de tensión… en contenido para su campaña electoral», buscando capitalizar la confrontación ante la falta de logros destacados en su gestión.
Por otro lado, tanto Trump como sus aliados están ejerciendo una «injerencia en las elecciones» colombianas, siendo muy clara la preferencia del presidente estadounidense por una victoria de la derecha, como señala Dickinson. Camilo González Posso, presidente de Indepaz, contrasta que Trump estaría calentando el ambiente para crear el dilema de que votar por Petro es estar en contra de EE. UU., alertando que sus acciones podrían resultar «contraproductivas», llevando a Colombia a inclinarse hacia Europa o China.
En este complejo panorama, García Pinzón critica que Petro «no ha sido estratégico en su manejo de las relaciones» con la administración Trump, mientras que Mijares advierte que la ciudadanía colombiana, ya «muy polarizada», reaccionará de forma heterogénea ante la comunicación «explosiva e irresponsable» de ambos presidentes a través de las redes sociales. (NP-Gemini-DW)
