El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ordenó este martes ratificar la prohibición para que empresas de la Unión Europea (UE) participen en licitaciones públicas en el país centroamericano. La medida surge como respuesta inmediata a la decisión del bloque europeo de mantener a Panamá en su lista de jurisdicciones no cooperadoras en materia tributaria, argumentando deficiencias en el intercambio de información fiscal y exenciones impositivas.
A través de su cuenta en la red social X, Mulino instruyó a todas las entidades estatales a excluir a las firmas europeas de los ambiciosos proyectos de infraestructura que prepara su administración. El mandatario calificó la inclusión en estas listas como “estigmatizante” y “discriminatoria”, defendiendo los avances legales que el país ha implementado desde 2024 y que ya le han permitido salir de listas similares del GAFI y del Parlamento Europeo en materia de blanqueo.
La restricción impacta directamente en obras de gran envergadura donde compañías de España, Francia y Países Bajos ya habían manifestado un interés concreto:
- Tren Ciudad de Panamá – David: Una vía férrea de 400 kilómetros con una inversión estimada de US$4.000 millones, que cuenta incluso con una declaración de intención firmada con Francia.
- Nuevos Puertos en el Canal: Dos terminales portuarias con un costo de US$2.600 millones que la administración de la vía interoceánica planea licitar durante este año.
- Infraestructura Energética: Proyectos de gasoductos en las cercanías del Canal de Panamá destinados a fortalecer el nodo logístico regional.
Pese al actual escenario de tensión, el Gobierno panameño expresó su confianza en que las reformas en curso permitan la exclusión definitiva del país en la próxima revisión técnica de la UE, programada para octubre de este año. Mientras tanto, el veto presidencial abre el espacio para que competidores de otras regiones, como Asia o Norteamérica, tomen ventaja en las licitaciones de los proyectos más relevantes de la región. (NP-Gemini-Emol Agencias)
