La Cámara de Diputados de Argentina dio luz verde este jueves al nuevo Régimen Penal Juvenil, una iniciativa impulsada por la administración del presidente Javier Milei que reduce la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años. Con un respaldo de 149 votos a favor y 100 en contra, el proyecto de ley fue despachado al Senado para su discusión final, consolidando una de las propuestas centrales del oficialismo en materia de seguridad pública.+1
El nuevo cuerpo legal establece un sistema integral para el tratamiento de delitos cometidos por adolescentes, fijando un tope máximo de 15 años para las penas privativas de libertad. Según el texto aprobado, estas sanciones podrán cumplirse bajo arresto domiciliario, en centros especializados para menores o en secciones estrictamente separadas dentro de establecimientos penitenciarios, buscando diferenciar el trato penal según la edad del infractor.+1
Desde el Ejecutivo celebraron el avance legislativo calificándolo como una respuesta directa a la preocupación ciudadana por la inseguridad y el fin de la denominada puerta giratoria. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reforzó la postura gubernamental bajo la premisa de que a delitos de adultos corresponden penas de adultos, mientras que la diputada oficialista Laura Rodríguez Machado argumentó que la decisión se sustenta en informes técnicos que validan el discernimiento legal de los menores a partir de los 14 años.
La jornada legislativa estuvo marcada por intensos debates, donde sectores de la oposición y el Frente de Izquierda cuestionaron la medida por considerarla una estrategia de criminalización hacia los jóvenes de sectores vulnerables. Pese a las críticas, el Gobierno logró el apoyo de bloques como la Unión Cívica Radical, logrando modificar la propuesta original que pretendía fijar la edad mínima en 13 años para asegurar el quórum necesario.
Este avance en la Cámara Baja representa un nuevo fortalecimiento político para la gestión de Milei, tras su reciente victoria en las elecciones legislativas y la aprobación de otras reformas estructurales en el Congreso. De ser ratificada por el Senado, la ley marcará un cambio profundo en la justicia penal argentina, alineando al país con estándares regionales de responsabilidad adolescente en la persecución de hechos ilícitos. (NP-Gemini-Emol-EFE)
