El escenario por la sucesión de António Guterres en la Secretaría General de Naciones Unidas ha configurado un duelo de visiones opuestas en el Cono Sur. Mientras el presidente de Argentina, Javier Milei, ha manifestado su apoyo total al diplomático Rafael Grossi, actual director del OIEA, con el objetivo de terminar con lo que denomina la “agenda woke” y el “fracaso” de la ONU, el gobierno de Chile ha formalizado la postulación de la expresidenta Michelle Bachelet en conjunto con México y Brasil. Estas candidaturas representan no solo proyectos ideológicos distintos, sino también modelos de gestión y financiamiento contrapuestos.
Una de las discrepancias más marcadas reside en el origen de los recursos para la campaña electoral en Nueva York. Según los documentos presentados ante la ONU, la candidatura de Grossi será financiada con recursos propios del candidato, una decisión alineada con la política de austeridad y el estilo personalista de la administración de Milei. En contraste, la postulación de Bachelet será costeada por el Estado chileno. La Cancillería de Chile ya ha proyectado un gasto total cercano a los US$ 57.423 (unos $54 millones de pesos), recursos que provienen del presupuesto regular del ministerio y que están sujetos a controles de transparencia y fiscalización del Congreso.
En el ámbito político chileno, este financiamiento público ha sido foco de críticas por parte del sector republicano y del presidente electo, José Antonio Kast, quienes cuestionan la conveniencia de comprometer recursos estatales en una postulación iniciada por el gobierno saliente. No obstante, desde el Ejecutivo actual defienden la medida como un acto de transparencia y una práctica habitual en la política exterior del país. Mientras Bachelet apuesta por su trayectoria en derechos humanos y el respaldo de potencias regionales como Brasil y México, Grossi busca posicionarse como el candidato del cambio sistémico, apelando a apoyos estratégicos de países como Estados Unidos e Israel. (NP-Gemini- La Tercera)
