La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes un giro histórico en la política interna del país al decretar una amnistía general para los presos políticos y el cierre del polémico centro de reclusión El Helicoide. La medida, oficializada en la sede del Tribunal Supremo de Justicia, busca anular las causas judiciales de quienes han sido detenidos por motivos políticos desde 1999 hasta la fecha, superando el alcance de los indultos parciales otorgados recientemente. Según el Ejecutivo interino, la iniciativa tiene como objetivo favorecer la convivencia nacional tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses a principios de enero.
La clausura de El Helicoide pone fin a décadas de denuncias por violaciones a los derechos humanos en una estructura que originalmente fue diseñada en los años 50 como un futurista centro comercial para automóviles. El edificio, que durante años sirvió como sede del Sebin y la Policía Nacional Bolivariana, será transformado en un centro social, deportivo y cultural destinado a las comunidades vecinas y a la familia policial. Organizaciones como Foro Penal y mecanismos de la ONU habían documentado sistemáticamente casos de tortura, aislamiento y extorsión dentro de sus muros, convirtiéndolo en el símbolo de la represión en Caracas.
El anuncio de la amnistía se produce bajo una fuerte presión internacional, encabezada por la administración de Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, quienes han exigido informes diarios sobre la situación de los derechos humanos en el país. En este contexto, la embajada de los Estados Unidos confirmó que las recientes liberaciones incluyen a todos los ciudadanos estadounidenses que permanecían detenidos en territorio venezolano. No obstante, el decreto excluye explícitamente a personas procesadas por delitos de homicidio, narcotráfico, corrupción y violaciones graves a los derechos fundamentales.
Pese a que el gobierno asegura haber liberado a más de 600 personas en el último mes, la ONG Foro Penal sostiene que ha verificado 302 excarcelaciones, contabilizando aún a 711 presos políticos en las cárceles venezolanas. Rodríguez instó a los beneficiarios de la ley a evitar la revancha y el odio, calificando la medida como una oportunidad para la coexistencia dentro de la diversidad política. El proyecto de ley será remitido a la Asamblea Nacional para su ratificación definitiva, marcando un paso clave en el proceso de reforma del sistema de justicia penal venezolano iniciado tras el cambio de mando. (NP-Gemini-Emol)
