Una catástrofe humanitaria sacude el este de la República Democrática del Congo tras un masivo deslizamiento de tierra en una mina de coltán en Rubaya, que ha provocado la muerte de al menos 400 personas. El incidente ocurrió el pasado jueves en el territorio de Masisi, dentro de la provincia de Kivu del Norte, como consecuencia de las intensas lluvias que afectaron la región. Entre las víctimas se encuentran mineros artesanales y comerciantes de diversas localidades y países vecinos que se habían trasladado a la zona para trabajar en la extracción de minerales.
Las labores de búsqueda y rescate avanzan de manera precaria debido a la falta de equipo especializado y recursos técnicos en la zona. Telesphore Nitendike, presidente de la sociedad civil de Masisi, calificó la tragedia de enorme y advirtió sobre la dificultad de recuperar los cuerpos sepultados bajo toneladas de escombros y lodo. La situación se ve agravada porque el área se encuentra bajo el control del grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo, lo que ha impedido una administración efectiva y una respuesta organizada ante la emergencia.
Líderes locales y antiguos administradores civiles han hecho un llamado urgente a la comunidad internacional para que intervenga en el rescate y en la recuperación de cadáveres, alertando sobre el riesgo de propagación de enfermedades si los restos no son enterrados adecuadamente. A pesar de las solicitudes enviadas a la misión de paz de la Organización de las Naciones Unidas en el país, el auxilio exterior aún no ha llegado a la remota localidad afectada por el derrumbe.
El Gobierno congoleño expresó sus condolencias a los familiares de los fallecidos, pero también denunció que las actividades mineras en Rubaya eran ilegales. Según las autoridades, la zona había sido clasificada como roja antes de ser tomada por los insurgentes, lo que implicaba una prohibición total de explotación comercial debido a la falta de normas de seguridad. El Ejecutivo responsabilizó al grupo armado por fomentar un sistema de saqueo y explotación que vulnera las leyes nacionales y expone a los trabajadores a riesgos fatales.
Por su parte, la coalición liderada por el Movimiento 23 de Marzo rechazó las acusaciones oficiales y atribuyó el desastre exclusivamente a condiciones climáticas excepcionales. A través de un comunicado, los rebeldes instaron al Gobierno a no politizar la tragedia y criticaron los supuestos fracasos estatales en la regulación del sector minero. Este suceso ocurre en un contexto de alta tensión bélica, luego de que el conflicto en el este del país se intensificara a inicios de 2025 con la toma de ciudades estratégicas por parte de las fuerzas insurgentes. (NP-Gemini-Agencias)
