Funcionarios del Ministerio de Salud de Irán revelaron que cerca de 30.000 personas habrían fallecido durante la represión de las protestas los días 8 y 9 de enero. Según informes compartidos con la revista Time, la magnitud de la matanza superó la capacidad de respuesta del Estado, provocando el agotamiento de suministros básicos como bolsas para cadáveres y obligando al uso de camiones de carga para el traslado de los restos ante la insuficiencia de ambulancias.
Esta cifra interna contradice drásticamente el reporte oficial del régimen de Alí Jamenei, que el pasado 21 de enero situó el número de víctimas en poco más de 3.100. Organizaciones de derechos humanos y médicos locales coinciden en que los datos oficiales subestiman la realidad, señalando que los hospitales civiles registraron decenas de miles de decesos, sin contar los traslados directos realizados por las fuerzas militares desde los puntos de conflicto hacia las morgues.
Testigos y registros audiovisuales filtrados mediante conexiones satelitales describen un escenario de violencia extrema en el que francotiradores y ametralladoras pesadas fueron utilizados contra millones de manifestantes tras un apagón total de internet. Las protestas, que inicialmente exigían mejoras económicas, escalaron rápidamente hacia una demanda por el fin del régimen islámico, extendiéndose por más de 4.000 puntos en todo el territorio iraní.
Mientras el gobierno intenta proyectar una imagen de normalidad con la reapertura de escuelas y mercados, las calles de Teherán muestran las huellas de los disturbios con edificios públicos y supermercados calcinados. En el ámbito internacional, la tensión aumenta ante el despliegue de una flota naval estadounidense encabezada por el portaaviones USS Abraham Lincoln, mientras el presidente Donald Trump mantiene abierta la posibilidad de una intervención militar. (NP-Gemini-Emol-EFE)
