Durante una sesión de la Organización de Estados Americanos (OEA), el embajador de Estados Unidos, Leandro Rizzuto, solicitó formalmente la «liberación incondicional» de aproximadamente 1.000 prisioneros políticos que permanecen en centros de reclusión venezolanos. El representante diplomático calificó estas detenciones como injustas y urgió a las autoridades a normalizar la situación de los afectados de manera inmediata.
La petición surge en un contexto de alta preocupación internacional, reforzada por las denuncias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La relatora especial Gloria Monique de Mees informó ante el Consejo Permanente sobre la existencia de «centros de detención clandestinos» en Venezuela, señalando que estas instalaciones evidencian una falta total de supervisión institucional y una estructura de violación sistemática a los derechos fundamentales.
Pese a que el gobierno de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, ha concretado algunas excarcelaciones recientes —incluyendo a ciudadanos españoles y locales—, los organismos internacionales consideran que las medidas son insuficientes. La CIDH calificó el panorama actual como «alarmante», recordando que el organismo no ha recibido autorización para realizar visitas inspectivas al territorio venezolano desde el año 2002.
La comunidad internacional observa con cautela estos procesos de liberación, mientras Estados Unidos mantiene su postura de presión diplomática dentro del foro regional. La persistencia de detenidos por causas políticas sigue siendo el principal obstáculo para el reconocimiento pleno de las garantías democráticas en la nación caribeña y un punto crítico en la agenda de seguridad regional. (NP-Gemini-Emol-Agencias)
