En una ofensiva militar sin precedentes realizada a principios de enero, fuerzas de Estados Unidos capturaron al líder venezolano Nicolás Maduro tras un operativo desplegado en la capital del país caribeño. Tras su detención, Maduro fue trasladado a una prisión en territorio norteamericano, en una acción que Washington justifica como una medida necesaria para neutralizar la influencia de Irán y el grupo Hezbolá en el hemisferio occidental. El secretario de Estado, Marco Rubio, vinculó directamente la caída del régimen con la seguridad nacional estadounidense y la lucha contra el narcotráfico internacional.
Las autoridades de Washington sostienen que, durante años, el gobierno chavista facilitó operaciones de lavado de dinero y tráfico de drogas en colaboración con el grupo militante libanés. Según investigaciones de la DEA que datan de 2008, existiría evidencia de que altos mandos venezolanos entregaron documentos de identidad a miembros de Hezbolá y coordinaron el envío de armamento. Estas acusaciones han sido el eje central para desarticular la alianza estratégica que permitía a Caracas y Teherán evadir las sanciones económicas impuestas por la comunidad internacional.
A pesar de la contundencia de la acción militar, expertos internacionales sugieren que el vínculo entre Venezuela y Hezbolá tenía un carácter más simbólico y político que operativo o financiero. Analistas del Carnegie Middle East Center indican que el grupo libanés depende principalmente del financiamiento directo de Irán y no de las redes ilícitas en Latinoamérica. En este nuevo escenario, la presión de la Casa Blanca se ha volcado hacia la nueva líder venezolana, Delcy Rodríguez, a quien se le exige una ruptura definitiva con el Eje de la Resistencia liderado por Teherán. (NP-Gemini-Agencias)
