La frontera que comparten Chile y Perú se prepara para la llegada de militares peruanos la próxima semana, una medida adoptada por el gobierno de Perú para mitigar la creciente presión migratoria y la tensión diplomática. Esta decisión, que busca frenar el aumento de migrantes irregulares que salen de Chile, ha generado preocupación en autoridades chilenas y expectación entre los extranjeros en tránsito.
El presidente interino peruano, José Jerí, explicó que la visita a la región de Tacna tiene como fin «anticipar problemas que eventualmente pueden suceder». La inminente declaratoria de estado de emergencia en Tacna y otras zonas fronterizas tiene el propósito de respaldar a la Policía Nacional, permitiendo al Ejército peruano evitar el ingreso irregular de miles de extranjeros a su territorio.
Reportes de prensa señalan que la decisión peruana, que abarca varios kilómetros de frontera, responde a una percepción de incremento en el flujo de personas que abandonan Chile, un movimiento que ha sido vinculado a los anuncios del candidato presidencial José Antonio Kast sobre un plan de cierre fronterizo. El propio Kast afirmó que Perú decretó el estado excepcional porque el flujo de salida aumentó por las personas que, «con buen sentido», escuchan su propuesta de regularizar su situación o partir si quieren volver a entrar a Chile.
La preocupación central de las autoridades chilenas no se limita solo al cruce. El gobernador regional de Arica y Parinacota, Diego Paco, advirtió un incremento «exponencial» en la aglomeración de personas en la zona binacional, entre los complejos fronterizos de Chacalluta y Santa Rosa. Esta área, de poco más de dos kilómetros, se convierte en «terreno de nadie» al caer la noche, cuando decenas de migrantes esperan para intentar cruzar hacia Perú.
El gobernador Paco lamentó que no exista un plan de contingencia claro para enfrentar un eventual cierre fronterizo total por parte de Perú, ni una coordinación directa con las autoridades peruanas. Además, urgió al gobierno central a implementar una respuesta estatal «robusta» e instalar tecnología avanzada, como sistemas de televigilancia y reconocimiento facial, en el complejo de Chacalluta.
La situación migratoria se ha agudizado en los últimos años por los desplazamientos de ciudadanos, principalmente venezolanos, ecuatorianos y colombianos, muchos de ellos en situación irregular en Chile, que buscan refugio o alternativas laborales. La oleada actual se relaciona con la crisis venezolana y con el temor generado por las políticas restrictivas propuestas por el plan de Kast, que incluye una “Política Nacional de Cierre Fronterizo» que implicaría barreras físicas y la tipificación del delito de inmigración ilegal.
El anuncio de la militarización por parte del presidente Jerí intensificó la presión sobre el presidente chileno, Gabriel Boric, a quien autoridades de la macrozona norte y figuras de la oposición han instado a viajar a Arica. La ministra de Defensa de Chile, Adriana Delpiano, matizó que la medida de Perú es «autónoma y no responde a ninguna situación hostil», mientras que el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, aseguró que el gobierno chileno había anticipado el escenario.
El refuerzo militar peruano ocurre tras la modificación de los protocolos de reconducción de migrantes en Chile en 2024, debido a las dificultades para entregar a extranjeros a autoridades bolivianas, lo que derivó en el estancamiento de personas en la zona fronteriza. El gobernador de Tacna, Luis Torres Robledo, advirtió que la capacidad de vigilancia peruana es limitada y que las expulsiones masivas desde Chile podrían redirigir la presión migratoria a Perú y otros países.
El fenómeno de los cruces irregulares se intensifica durante la noche, con familias enteras utilizando intermediarios llamados «borreros» para evadir los controles, lo que evidencia la falta de vigilancia y la aparición de redes de tráfico. La convivencia con estos movimientos genera además complejas situaciones humanitarias, obligando a Tacna y Arica a habilitar albergues provisionales con baja capacidad.
El gobernador Diego Paco alertó que la cantidad de personas varadas podría aumentar «exponencialmente» hasta marzo en caso de un cierre o refuerzo militar por parte de Perú. La falta de coordinación efectiva con las autoridades regionales chilenas, sumada a la ausencia de un despliegue presidencial en la zona norte por más de un año, agudiza el escenario de incertidumbre.
La mañana del 28 de noviembre, un grupo de migrantes bloqueó el paso entre Tacna y Arica con equipaje y escombros, reclamando el ingreso a Perú para retornar a sus países. El bloqueo generó una extensa fila de vehículos en ambos lados de la frontera, y el presidente Jerí confirmó su decisión de oficializar la militarización. (NP-Gemini-Bio Bio EFE)
