Tras la condena a 27 años de prisión contra el expresidente Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado, el sector del bolsonarismo en el Congreso brasileño ha impulsado un controvertido proyecto de Ley de Amnistía que busca beneficiar al exmandatario y a los cientos de participantes en los disturbios del 8 de enero de 2023. Esta iniciativa se ha convertido en una prioridad para el partido de Bolsonaro en la actual legislatura, buscando un perdón para los condenados por el asalto a las sedes de los tres poderes en Brasilia.
Una versión preliminar del proyecto de ley, que se está debatiendo, indultaría a los implicados en «manifestaciones políticas» ocurridas desde el 30 de octubre de 2022, fecha de la victoria electoral de Lula, hasta el momento de su aprobación. Este rango temporal, según críticos como la ministra de Relaciones Institucionales, Gleisi Hoffmann, está deliberadamente redactado para incluir y beneficiar directamente a Bolsonaro y a sus cómplices acusados de «crímenes políticos, electorales y conexos», librándolos de la cárcel.
La Cámara Baja de Brasil votó a favor de acelerar el trámite del proyecto de amnistía mediante una moción de urgencia, lo que permite que el texto sea discutido directamente en el plenario sin pasar por las comisiones. Si se aprueba en Diputados, la ley pasaría al Senado, donde el gobierno de Lula tiene una fuerza mayor aunque minoritaria. Sin embargo, la iniciativa se enfrenta a fuertes obstáculos.
El Gobierno del presidente Lula da Silva ha manifestado su rotunda oposición al proyecto, con la ministra Hoffmann asegurando que el Ejecutivo no puede aceptar una ley que otorgue «completa inmunidad a todos los que tramaron, participaron, apoyaron y financiaron los atentados contra la democracia». El propio Lula ha apoyado las masivas protestas que han surgido en el país contra la propuesta, indicando que el pueblo brasileño «no quiere impunidad ni amnistía».
Además del veto presidencial, varios magistrados del Supremo Tribunal Federal (STF) han anticipado que la norma podría ser considerada inconstitucional si se aprueba de forma «casuística», es decir, creada únicamente para beneficiar a personas específicas en el marco de juicios concretos.
El relator del proyecto en la Cámara Baja, el diputado Paulinho da Força, ha señalado que es «imposible» buscar una amnistía irrestricta para actos golpistas y que lo más probable es que se proponga una reducción de las penas, buscando un consenso con diferentes bancadas para lograr la «pacificación».
A pesar de los esfuerzos bolsonaristas por acelerar su trámite, la propuesta ha perdido fuerza en las últimas semanas tras registrarse protestas multitudinarias en varias ciudades y una gran mayoría de brasileños que, según encuestas, rechaza la medida. (NP-Gemini-Emol-AFP)
