El jueves se dio inicio, de forma virtual, al que la prensa local ha calificado como «el juicio más grande de corrupción de la historia argentina»: la causa de los Cuadernos de las Coimas. El proceso busca juzgar la presunta asociación ilícita que habría operado entre 2003 y 2015 para cobrar sobornos a contratistas del Estado, una maniobra que, según la justicia federal, develó la «mayor maniobra de corrupción de los últimos 20 años».
En total, son 87 los imputados, incluyendo a la expresidenta Cristina Kirchner (2007-2015), 22 exfuncionarios y 65 empresarios. La principal acusación recae sobre Kirchner, señalada como la jefa de la asociación ilícita, quien en este caso está siendo investigada por 204 cohechos pasivos y la participación en otro.
PRIMERA AUDIENCIA
Durante la primera jornada, celebrada por el Tribunal Oral Federal 7, el tribunal leyó 40 de los 204 casos de sobornos que se le imputan a la expresidenta. La audiencia, que duró cuatro horas, concluyó tras la lectura de las primeras 132 páginas del requerimiento de elevación a juicio, que en total suma 678 páginas, además de cuatro casos conexos que restan por leerse. El juicio continuará el próximo jueves, nuevamente de forma online desde las 09:30 horas.
EJES DE LA ACUSACIÓN
La fiscal general, Fabiana León, remarcó que se trata de la «investigación de hechos de corrupción más extensa» de la historia judicial argentina. El caso se originó en 2018, cuando un periodista aportó a la Justicia los cuadernos de Oscar Centeno, chofer del exfuncionario Roberto Baratta, que detallaban presuntos traslados de bolsos con dinero desde constructoras a despachos oficiales.
La acusación contra Kirchner se estructura en cuatro ejes principales que sustentan la existencia de una «organización criminal»:
Los cobros a empresarios asentados en los cuadernos de Centeno.
Las maniobras ilícitas en la adjudicación de contratos de transporte ferroviario.
La adjudicación de corredores viales.
La cartelización de la obra pública.
REACCIÓN DE C. FERNÁNDEZ
Cristina Kirchner, quien ya cumple arresto domiciliario por una condena firme a 6 años en la causa Vialidad, calificó el nuevo procedimiento como un «show judicial» y una persecución política en su contra. A través de redes sociales, denunció que buscan «mantener viva la opereta judicial para seguir presionando y, sobre todo, distraer la atención» de las controvertidas reformas del gobierno de Javier Milei.
Montos y Pena: La expresidenta está acusada de ser la beneficiaria final de al menos 38 pagos de sobornos por 17 millones de dólares. En el expediente y causas conexas, hay embargos trabados por más de 1.109 millones de dólares. La pena por la mera pertenencia a una asociación ilícita va de 3 a 10 años de prisión, elevándose a 5 años para los jefes de la organización. Se estima que el proceso judicial tendrá una duración de dos a tres años. (NP-Gemini-La Tercera-Agencias)
