El gobierno interino de Perú decretó este martes el estado de emergencia en la capital, Lima Metropolitana, y en el vecino puerto de Callao, en una medida que busca frenar la desbordante ola de violencia y extorsiones atribuida al crimen organizado. La medida, que rige por 30 días, entra en vigencia a la medianoche del miércoles y es la primera acción de envergadura adoptada por el gobierno del presidente José Jerí, quien lleva casi dos semanas en el poder.
El anuncio fue realizado por el presidente Jerí en un breve mensaje a la nación, donde justificó la decisión: «La delincuencia ha crecido de manera desmesurada en los últimos años, causando un enorme dolor en miles de familias y perjudicando además el progreso del país». El mandatario afirmó que «esto se acabó» y que el gobierno pasa «de la defensiva a la ofensiva en la lucha contra el crimen» para recuperar la tranquilidad de los más de diez millones de habitantes que viven en Lima y Callao.
Bajo el estado de emergencia, el Ejecutivo obtiene facultades extraordinarias que permiten la salida de las Fuerzas Armadas a las calles para patrullar y colaborar con la Policía en el mantenimiento del orden. Asimismo, la medida posibilita la restricción o suspensión de ciertas libertades públicas, como el derecho de reunión y la inviolabilidad de domicilio. Cabe recordar que la capital peruana ya estuvo parcialmente bajo esta medida entre marzo y julio de este año, tras el asesinato de un popular cantante de cumbia por sicarios.
La alta preocupación por la inseguridad se ha posicionado como un tema central en el país, impulsando incluso recientes cambios políticos. La preocupación ciudadana motivó la destitución de la entonces presidenta Dina Boluarte el 10 de octubre, y posteriormente generó protestas masivas, encabezadas por jóvenes, que derivaron en fuertes enfrentamientos cerca del Congreso el 15 de octubre. Estas manifestaciones, que protestaban contra la inseguridad, el Congreso y el recién instalado gobierno del derechista Jerí, dejaron un saldo de un fallecido y un centenar de heridos.
Perú ha experimentado un alarmante incremento de la violencia urbana desde 2024. La ola de extorsiones ha disparado las cifras oficiales: las denuncias por este delito pasaron de 2.396 en 2023 a 15.336 en 2024, un aumento del 540%, con Lima liderando el registro nacional. Las autoridades ya habían adelantado el 16 de octubre la implementación de la medida, en respuesta a esta crisis de violencia del crimen organizado. (NP-Gemini-Emol-AFP)
