Donald Trump ha presentado una demanda inédita solicitando que el Departamento de Justicia de Estados Unidos le pague 230 millones de dólares en compensación por las investigaciones federales emprendidas contra él. Esta situación es única, ya que Trump fue investigado cuando era candidato y luego asumió la presidencia, lo que genera un conflicto ético al estar supervisado por su propio gobierno.
Las reclamaciones administrativas que inició incluyen acusaciones por supuestas violaciones a sus derechos durante investigaciones como la del FBI sobre la injerencia rusa en las elecciones de 2016 y allanamientos en su residencia de Mar-a-Lago. También acusa al Departamento de Justicia de “procesamiento malicioso” tras ser imputado por mal manejo de documentos clasificados al dejar la presidencia.
Expertos legales destacan el evidente conflicto de interés, pues los funcionarios que deben decidir sobre su reclamación fueron abogados defensores de Trump o aliados suyos en procesos penales recientes. Bennett Gershman, profesor de ética jurídica, calificó el caso como un escándalo y un dilema básico de ética.
Aunque esta reclamación puede derivar en demanda formal, se considera poco probable que llegue a juicio debido a las negociaciones en curso con sus subordinados en el Departamento de Justicia. Este caso representa un ajuste desconocido en la relación entre el poder ejecutivo y la justicia en EE.UU., con impactos potenciales en la transparencia y la ética pública. (Np-Perplexity-NYT-Bio Bio)
