La Fiscalía de la región boliviana de Tarija presentó una acusación formal contra el expresidente Evo Morales por el delito de trata de personas agravado, en relación con su presunta vinculación a una menor de edad en 2015. Las investigaciones, iniciadas en septiembre de 2024, sostienen que la relación ocurrió cuando Morales aún estaba en el cargo y habría dado origen al nacimiento de una niña. Además de Morales, se acusa formalmente a la madre de la menor, Idelsa Pozo.
Morales no ha asistido a las citaciones judiciales relacionadas con el caso y permanece recluido en la región de Chapare, protegido por sus seguidores. El exmandatario ha denunciado que las acusaciones forman parte de una fabricación política del Gobierno de Luis Arce, recordando que ya fue investigado en 2020 sin que se encontraran pruebas.
La fiscal departamental Sandra Gutiérrez informó sobre la acusación tras analizar más de 18 cuerpos de evidencia y confirmó que están a la espera de que un juez determinen la fecha para la audiencia de juicio oral. La acusación indica que, conforme al Código Penal boliviano, el delito conlleva penas de ocho a doce años de prisión, con agravantes por involucrar a menores y a un funcionario público.
Poco después de presentar la acusación, la fiscal Gutiérrez fue destituida por orden del fiscal general Róger Mariaca, sin que se hayan dado detalles oficiales sobre su remoción. Morales también enfrenta en Argentina denuncias por supuesto abuso de menores, interpuestas por sectores vinculados al presidente Javier Milei.
El caso mantiene en vilo el ambiente político y judicial boliviano, enfatizando la polarización social y la protección del exmandatario por parte de sus bases en Cochabamba. Se espera que en los próximos meses se definan los avances judiciales y se establezcan los pasos para el inicio del juicio oral contra Morales y los demás implicados. (NP-Perplexity-Demócrata-La Tercera-Bloomberg)
