El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, está insistiendo férreamente en la devolución de nueve líderes pandilleros de la MS-13 desde cárceles de Estados Unidos a su país, con la supuesta intención de evitar que estos criminales lo incriminen en tratos ilegales con organizaciones criminales, según reveló una investigación de The Washington Post.
La investigación, que cita testimonios de fiscales, diplomáticos y exfuncionarios, advierte que al menos tres de estos pandilleros se convirtieron en informantes de las autoridades estadounidenses, por lo que su deportación a El Salvador podría poner en riesgo sus vidas e, incluso, la de agentes encubiertos.
EXIGENCIA DE BUKELE
El caso se originó en febrero, cuando la Casa Blanca anunció un acuerdo con El Salvador para que recibiera a inmigrantes con antecedentes penales en el gigantesco CECOT (Centro de Confinamiento del Terrorismo), a cambio de 4.6 millones de dólares.
Sin embargo, Bukele añadió una exigencia: el retorno de nueve altos dirigentes de la pandilla MS-13 que cumplían condenas en EE. UU. Damian Merlo, lobbista del gobierno salvadoreño en Miami, argumentó que Bukele quería que los «terroristas salvadoreños» cumplieran sus condenas en el CECOT, y no en un «centro de detención lujoso de Estados Unidos».
RIESGO DE TRAICIÓN
César López Larios (Primer Deportado): El Secretario de Estado, Marco Rubio, cedió ante la presión de Bukele en marzo, logrando la deportación exprés de López Larios. Abogados del Departamento de Justicia pidieron la excarcelación argumentando «consideraciones y sensibilidades importantes de política exterior» que primaban sobre el juicio. López Larios fue grabado al ingresar al CECOT, asegurando quedar en una «sección segura».
Vladimir Arévalo Chávez (Segundo Requerido): La jueza de distrito Joan Azrack negó la solicitud de deportación del segundo líder, expresando sentirse «arrepentida» de haberse fiado de la palabra del gobierno en el caso anterior. Chávez advirtió en una carta: «Mi vida estará en peligro si me deportan», asegurando que será torturado y luego «desaparecido».
Douglas Farah, investigador que trabajó con oficiales federales para desmantelar la MS-13, calificó el acuerdo impulsado por Trump y Rubio como «una profunda traición» a los agentes de la ley estadounidenses y advirtió que acabará con la credibilidad de las autoridades para futuras investigaciones.
COMPLICIDAD POLÍTICA
La situación más delicada es la de Elmer Canales Rivera, alias «Crook de Hollywood», quien, según un informe de 2022 del Departamento de Justicia y una investigación del medio El Faro, fue un negociador clave de un pacto entre la MS-13 y el gobierno de Bukele para reducir los «asesinatos públicos».
Evidencia de Complicidad: Tras ser arrestado en México y enviado a EE. UU. en 2023, Canales habría ofrecido entregar grabaciones, fotos, videos y otros documentos que probarían los pactos, a cambio de un acuerdo judicial confidencial.
Funcionarios Apuntados: El pandillero señaló a dos altos funcionarios salvadoreños como sus contactos directos: Carlos Marroquín (Director de Reconstrucción del Tejido Social) y Osiris Luna (Director de Centros Penales). Luna, según el New York Times, ya había intentado un «asilo de lujo» en EE. UU. en 2020 a cambio de información sobre los acuerdos con pandillas.
Exfuncionarios de EE. UU. indican que si Canales Rivera fuera devuelto a El Salvador, «todo el caso se desmoronaría» y advierten que, debido a la «línea directa» del gobierno de Bukele con la Casa Blanca, «nadie quiere investigar nada relacionado a El Salvador o a Bukele». (NP-Gemini-Bio Bio-EFE)
