China experimenta un crecimiento significativo en los litigios ambientales y climáticos, registrando más de un millón de casos resueltos entre 2019 y 2023. A diferencia de la tendencia global impulsada por activistas y ONG, en el gigante asiático son los fiscales estatales quienes lideran estos procesos, buscando principalmente la aplicación estricta de las normativas ambientales ya existentes.
Este enfoque garantiza la efectividad de las leyes, asegurando que ni autoridades ni empresas puedan evadir sanciones por incumplimiento ambiental, marcando un cambio respecto a épocas anteriores donde el crecimiento económico justificaba las fallas. Los tribunales chinos se centran en hacer cumplir las regulaciones gubernamentales dispersas en diversas leyes y no en promover cambios de política.
Aunque la mayoría de los casos contribuyen a la mitigación del cambio climático, rara vez lo abordan directamente. Este impulso cuenta con un amplio respaldo público y gubernamental, aunque las ONG y activistas permanecen en un rol marginal, limitados en su capacidad para demandar al gobierno, aunque conservan un importante papel para llevar a empresas privadas y estatales a juicio, llenando los vacíos que los fiscales con presiones económicas locales podrían dejar.
La próxima entrada en vigor del nuevo Código Ecológico y Ambiental en 2026 podría sentar las bases para litigios más ambiciosos. (NP-Gemini-Emol-Agencias)
