El cierre del Gobierno Federal de Estados Unidos (shutdown), iniciado el 1 de octubre, continúa sin una fecha clara de término, con el presidente Donald Trump ya anunciando los primeros despidos de funcionarios federales debido a la congelación presupuestaria.
Un «cierre» ocurre cuando el Senado, la Cámara de Representantes y el presidente no logran acordar la liberación de nuevos fondos, ni siquiera de forma temporal. La base legal es la «Ley Antideficiencia» de 1884, que prohíbe al Gobierno realizar gastos sin la previa aprobación legislativa. Como resultado, gran parte de la administración federal cesa temporalmente sus operaciones.
Impacto en Funcionarios: Se estima que 750.000 empleados federales están afectados. Aunque los empleados de la Policía, hospitales y control de tráfico aéreo siguen operando a pleno rendimiento, otras áreas de la administración y el tráfico aéreo están paralizadas, afectando potencialmente incluso los itinerarios turísticos.
Riesgo Económico: Si bien una ley garantiza el pago retroactivo a los funcionarios una vez que se aprueba el presupuesto, muchos estadounidenses viven al día, por lo que una brecha salarial puede afectarlos duramente. La administración Trump ya ha ordenado a varias agencias que consideren despidos permanentes, y los subcontratistas del Gobierno no tienen garantizado el pago retroactivo.
Frecuencia: El actual es el 21° shutdown desde 1976. El más extenso hasta la fecha duró 35 días, entre 2018 y 2019, también bajo Trump, debido a la negativa del Congreso de financiar el muro fronterizo.
A diferencia del shutdown anterior, la disputa actual se centra en la política sanitaria.
Posición Demócrata: Exigen que los republicanos sigan garantizando el apoyo gubernamental al programa de seguro médico «Obamacare» e instan a revertir los recortes propuestos a la atención médica para los más pobres («Medicare»).
Posición Republicana: Rechazan rotundamente las demandas demócratas. Acusan a la oposición de querer incluir fondos para la atención médica de inmigrantes indocumentados, algo que los demócratas niegan. Los recortes exigidos por los republicanos son parte de un megapaquete legislativo impulsado por Trump.
El shutdown funciona como un arma de doble filo: si bien permite a los demócratas contrarrestar acciones unilaterales de Trump, el presidente lo usa como instrumento para reducir el aparato gubernamental. Trump ha culpado a los demócratas por la «pérdida de muchos empleos» y ha anunciado recortes en la financiación de proyectos climáticos.
Para que el cierre finalice, el Congreso debe aprobar un presupuesto de transición. Esto requiere que los republicanos consigan al menos siete votos de los demócratas en el Senado para alcanzar el umbral de 60. Aunque los demócratas están presionando por concesiones en política sanitaria, una parte de sus votantes desea un pronto acuerdo, complicando la estrategia de la oposición. (NP-Gemini-DW)
