La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó este viernes, con el desacuerdo de sus tres miembros liberales, que el gobierno del presidente Donald Trump puede seguir adelante con sus planes de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 300.000 migrantes venezolanos, haciéndolos más vulnerables a la deportación.
En una orden breve, la mayoría de los jueces permitió a la administración Trump despojar de las protecciones legales a los venezolanos, dándole otra victoria en sus esfuerzos por acelerar las expulsiones de no ciudadanos.
Esta sentencia, que se mantendrá vigente mientras dure el proceso judicial, suspende el fallo de un tribunal inferior en San Francisco que había determinado que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, había cancelado el estatus de protección temporal de forma indebida.
El tribunal supremo sostuvo que la situación jurídica del caso no ha cambiado sustancialmente desde una decisión similar que tomaron en mayo, remarcando que «El mismo resultado al que llegamos en mayo es apropiado en este caso.»
Abogados de los migrantes han señalado ante el tribunal que algunos de sus clientes ya han perdido sus trabajos y hogares, y otros han sido detenidos y deportados después de la intervención inicial de los jueces.
La jueza Ketanji Brown Jackson, una de las disidentes, emitió una declaración criticando el manejo del caso por parte de la mayoría. Jackson afirmó que el tribunal estaba permitiendo a la administración «interrumpiera tantas vidas como fuera posible, lo más rápido posible».
El Estatus de Protección Temporal fue creado por el Congreso en 1990 para prevenir deportaciones a países afectados por conflictos, desastres o condiciones peligrosas. La designación puede ser otorgada por el secretario de Seguridad Nacional. (NP-Gemini-La Tercera EFE)
