El gobierno de Donald Trump pidió este viernes a la Corte Suprema de Estados Unidos que anule un fallo judicial que mantiene vigentes las protecciones contra la deportación de unos 300 mil venezolanos amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS). La Administración acusó a los tribunales inferiores de incurrir en una “afrenta innecesaria” al bloquear su política migratoria, que busca retirar dichas garantías.
El caso tiene su origen en la decisión de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de poner fin al TPS para los venezolanos, medida avalada en mayo pasado por el máximo tribunal, que permitió a Trump avanzar en su plan mientras el litigio continuaba en instancias menores. Sin embargo, a inicios de septiembre, el juez federal Edward Chen detuvo de manera definitiva la suspensión de esas protecciones, argumentando que se revocaron de manera indebida.
Ante ello, el Departamento de Justicia presentó una solicitud de emergencia para que la Corte Suprema reactive de inmediato la restricción, alegando que mantener la cobertura del TPS a más de 300 mil venezolanos es “contrario al interés nacional”. La administración de Trump sostiene que la permanencia de los migrantes en el país obedece más a decisiones políticas que a una necesidad humanitaria real.
El Estatus de Protección Temporal fue concedido por primera vez a ciudadanos de Venezuela en marzo de 2021 bajo el gobierno de Joe Biden, que lo renovó y amplió en 2023 ante el agravamiento de la crisis en Caracas. Apenas dos semanas antes del traspaso de mando, Biden extendió otra vez el programa por 18 meses, decisión que hoy la nueva administración busca revertir por considerarla incompatible con sus lineamientos migratorios. (NP-Perplexity-La Tercera)
