La tensión geopolítica en el Caribe se ha intensificado tras el arribo de cinco aviones de combate F-35 y un Boeing C-5 de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos al antiguo aeropuerto de la base Roosevelt Roads, en Ceiba, Puerto Rico. Este despliegue militar se suma a la presencia de ocho buques con misiles y un submarino nuclear en las costas de Venezuela, justificado por Washington como una operación para combatir el narcotráfico.
El gobierno de Venezuela, liderado por Nicolás Maduro, interpreta esta acción como un plan para propiciar un cambio de régimen. En respuesta, ha ordenado la movilización de embarcaciones, el alistamiento de millones de milicianos y un refuerzo militar en cinco regiones costeras del país. El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, denunció la realización de vuelos de inteligencia estadounidenses y un presunto plan de intervención militar para desplazar a Maduro.
Un incidente reciente que ha agravado la situación fue la ocupación de un barco pesquero venezolano en la Zona Económica Exclusiva del país por parte de un destructor estadounidense, según Caracas.
Desde Puerto Rico, la gobernadora Jenniffer González ha reafirmado su compromiso con la lucha contra el narcotráfico y ha calificado a Maduro como «líder del cartel en Venezuela». González confirmó que Estados Unidos continuará enviando aviones a la isla, una decisión que ha generado críticas y protestas de la oposición y de ciudadanos puertorriqueños.
La postura de la gobernadora, que busca convertir a Puerto Rico en un centro logístico militar clave para EE. UU. en el Caribe, no es compartida por muchos, quienes temen un aumento de la militarización en la isla. Es importante señalar que EE. UU. ha mantenido una presencia militar histórica en Puerto Rico, con varias bases aún en operación. Además, la limpieza de municiones no detonadas en las islas de Vieques y Culebra, utilizadas en el pasado como campo de tiro, sigue pendiente. (NP-Gemini-Emol EFE)
