El presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó el hecho como «un asesinato» y criticó el uso de la fuerza militar en la lucha contra las drogas, señalando que en su país los civiles que las transportan son capturados sin ser asesinados. Petro, defensor de un nuevo enfoque antidrogas, sostuvo que los transportistas suelen ser jóvenes de bajos recursos.
Desde España, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, expresó su apoyo a la lucha contra el narcotráfico, pero con métodos policiales y civiles, no militares. El ministro evitó vincular directamente al Gobierno de Venezuela con el tráfico de drogas, aunque reconoció que el fenómeno está extendido en la región.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, aliado de Nicolás Maduro, fue aún más tajante. Consideró el despliegue militar estadounidense una forma de «amedrentar» y cuestionó la veracidad del ataque, argumentando que Washington busca solo «demostrar que son duros» sin tener la capacidad real para controlar el consumo de drogas en su propio país.
En contraste, la líder opositora María Corina Machado se mostró a favor de la presión internacional. Durante un foro en Panamá, afirmó que el «cerco» contra el «cartel narcoterrorista que todavía sigue en Miraflores» se está cerrando, aunque no se refirió directamente al ataque militar. Machado aseguró que los días de esa «organización criminal» están contados.
La Casa Blanca ha defendido la operación militar, que incluye destructores y un submarino nuclear, como parte de su estrategia para frenar el flujo de drogas. Aseguran contar con el respaldo de varios países de América Latina para esta iniciativa.
