Al día siguiente de las celebraciones del 14 de julio, François Bayrou puso a sus compatriotas ante lo que, dramáticamente, llamó “el momento de la verdad”. El drama se tradujo en un durísimo plan de ajuste presupuestario para evitar que el país sufra, según sus palabras, una crisis de deuda al estilo de la sufrida por Grecia en 2010, que tuvo consecuencias sociales devastadoras. El primer ministro francés, convertido desde hace tiempo en un halcón fiscal, anunció recortes en el Presupuesto de 2026 de 44.000 millones de euros (el 1,3% del PIB), la eliminación de 3.000 empleos públicos, la supresión de dos días festivos y una contribución solidaria no especificada de las rentas más altas, en un claro guiño —pronto se vio que inútil— a la izquierda. Solo se librarán del tijeretazo el pago de los intereses de la deuda, que no deja de crecer, y el gasto en defensa que, tal y como anunció el presidente Emmanuel Macron, aumentará un 10% los dos próximos años (unos 6.500 millones de euros en total).
Lo cierto es que Francia arrastra desde hace años una senda presupuestaria claramente insostenible: el déficit se situó en 2024 en el 5,8%, el segundo mayor de la eurozona por detrás de Eslovaquia; la deuda pública asciende al 113% del PIB, solo superada por Italia y Grecia, y, según el Banco de Francia, la economía apenas crecerá un 0,6% este año. El deterioro fiscal explica que los inversores exijan a Francia más por su deuda que a Grecia o España. Solo este año, el Tesoro galo gastará más de 60.000 millones de euros en el pago de intereses (más de lo que el país gastará en defensa) y, si no se corrige la senda actual, la partida alcanzará los 100.000 millones en 2029 y superará la destinada a educación, hasta ahora la mayor del Presupuesto.
El tándem Macron-Bayrou tratará de frenar la deuda y sufragará el rearme a costa del Estado de bienestar francés: se reducirá en 5.000 millones el presupuesto en sanidad, se congelarán las pensiones, los sueldos públicos y las ayudas sociales y se abordará una nueva reforma de la prestación por desempleo, solo seis meses después de aprobada la última. En definitiva, una vuelta a lo peor de las políticas de austeridad, de tan infausto recuerdo para los países del euro.
Las críticas suscitadas por el proyecto, tanto a derecha como izquierda del Ejecutivo, constatan que el plan tiene escasas posibilidades de salir adelante en la Asamblea Nacional, a partir del próximo mes de octubre. El Ejecutivo puede estar tentado a utilizar la vía del artículo 49.3, que permite que una ley se adopte sin necesidad de ser votada, pero esa estrategia ya se demostró suicida en diciembre de 2024 y acabó provocando la caída de Michel Barnier como consecuencia de una cuestión de confianza. En ese caso, solo la división de la oposición puede jugar en favor de Bayrou, que hace solo dos semanas superó su octava moción de censura impulsada por los socialistas.
Al final, el deterioro de las finanzas públicas puede convertirse en el principal legado de la presidencia de Macron. Una nueva crisis política en el otoño dispararía la prima de riesgo de la deuda francesa y provocaría la desconfianza de los mercados, un factor que nadie puede ignorar dentro de una unión monetaria como la europea. Y menos con una economía del tamaño y de la importancia política de la francesa. (El País.es)
